Internacional

PERSECUCIÓN A MIGRANTES

Cien mil migrantes amenazados por la pandemia y la militarización en México

La crisis sanitaria y la militarización de la frontera sur son dos de los factores que agravan la situación de miles de hombres, mujeres, niños y población lgbt que huye de la violencia y la pobreza en sus países de origen.

Jueves 2 de julio | 22:36

Esta semana se cumplió un año del acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos. A lo largo de estos meses, el verdadero carácter de este acuerdo ha quedado en evidencia: deportaciones masivas, redadas ilegales, hacinamiento en albergues y una política de incorporación de mano de obra migrante en condiciones precarias para laborar de manera temporal, por ejemplo en el mega proyecto del Tren Maya, muy cuestionado por su impacto ambiental. 

La crisis sanitaria y la militarización de la frontera sur son dos de los factores que agravan la situación de miles de hombres, mujeres, niños y población lgbt que huye de la violencia y la pobreza en sus países de origen. Las acciones y omisiones del Estado mexicano, así como de su Instituto Nacional de Migración (INM) no hacen sino vulnerar aún más los derechos de miles de migrantes.

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Así lo alertó el informe "Propuesta de rutas de alternativas a la detención para la población migrante y solicitante de asilo en México durante la pandemia del Covid-19", suscrito por académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como por organizaciones de defensa de los derechos humanos participantes del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación (SUDIMER). En éste se precisa que la cifra de migrantes y solicitantes de asilo, aunque inexacta, no es menor de los 100 mil.

Entre estos 100 mil migrantes en riesgo, se encuentran ciudadanos mexicanos y centroamericanos deportados de Estados Unidos, así como quienes han sido detenidos por las autoridades migratorias en territorio nacional y quienes han solicitado asilo y se encuentran a la espera de una resolución. 

Este informe señala, además, la actitud evasiva del gobierno mexicano ante recomendaciones y resoluciones judiciales y de organismos de DDHH a favor de las personas migrantes. A pesar de los discursos presidenciales y por parte del secretario de relaciones exteriores sobre la situación migrante en el país, lo cierto es que ninguna medida ha sido puesta en marcha para, por ejemplo, atender a las personas migrantes en riesgo durante la pandemia.

No ha sido la inacción, sin embargo, lo que más ha provocado estragos en las condiciones de tránsito para estos miles de trabajadores internacionales. Son acciones como las deportaciones irregulares y la militarización de las fronteras a cargo de la Guardia Nacional las que impactan de manera más brutal contra las y los migrantes. 

A propósito del despliegue de la Guardia Nacional para realizar tareas de control migratorio, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presentó un Diagnóstico para monitoreo de flujos y seguimiento a la movilidad en Tapachula, Chiapas, en el cual destacó el cambio en la dinámica migratoria a nivel regional, específicamente en la frontera sur. Estos cambios de dinámicas han estado signados por el aumento de tránsito y recepción migratoria, así como del incremento de las medidas de control y vigilancia en el corredor que conecta Chiapas con el estado de Oaxaca, a cargo del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, desplegada en al menos 14 puntos de la entidad. 

Originarios de países como Guatemala, El Salvador, Haití y Cuba, decenas de miles de migrantes se concentran en Chiapas en cantidades cada vez más grandes. Según datos del INM en julio de 2019 se contabilizaron 34.708 migrantes detenidos, 30% del total de migrantes detenidos en el país. De un flujo de 300 a 500 migrantes al día, ese año aumentaron a 1.000.

Estas cifras e informes revelan no sólo la apremiante situación de miles de trabajadores internacionales, sino también la manera en la que se aplican en México las políticas reaccionarias de la Casa Blanca, con plena subordinación por parte del gobierno mexicano de López Obrador. La unidad entre trabajadores nativos y migrantes es clave para exigir para ellos no sólo el libre tránsito y plenos derechos, sino también la desmilitarización inmediata de las fronteras y la disolución de la Guardia Nacional.







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