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Red Internacional
La Izquierda Diario

Se hizo lugar a una medida cautelar, anulando provisoriamente el despido de Marcos Ortiz que había dispuesto la empresa Raizen aduciendo que no había respetado los protocolos de distanciamiento al interior de la planta, ubicada en Dock Sud.

Jueves 4 de marzo | 18:13

Este despido, ocurrido el 1° de julio de 2020 en plena vigencia de la cuarentena y del decreto antidespidos presidencial se hizo en represalia contra quienes venían impulsando un petitorio para, justamente, exigir que la empresa petrolera tuviera un protocolo ante el surgimiento de casos de Covid-19.

La medida judicial dictada por la Sala X de la Cámara Laboral ratificó la ilegalidad del despido en medio de la vigencia de la ley antidespidos del Gobierno, que la empresa petrolera desconoció. Este avance se logró con el apoyo de la Agrupación Naranja Petrolera, compañeros de la refinería que repudiaron el despido desde el primer día y el asesoramiento legal del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).

Te dicen que sos esencial, pero te tratan como descartable

Que Marcos fuera despido en plena cuarentena no fue casualidad; fue uno de los tantos trabajadores que cuestionó a la empresa petrolera por no tener las instalaciones acondicionadas para evitar contagios y que no hayan presentado los protocolos correspondientes, impulsando un petitorio para cuestionar esta situación, lo que le valió las represalias de la empresa. A pesar de los pedidos de los compañeros defendiendo a Marcos mediante la acción directa, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Avellaneda se negó en todo momento a tomar alguna medida.
Dejó pasar el despido, como también la suspensión a otros trabajadores; nunca se puso a la altura para defender los derechos de sus agremiados, dejando que la empresa amedrentara de esta forma a todos los trabajadores. Como bien está planteado en la causa judicial, los trabajadores exigían protocolos y medidas claras, no solo por ellos mismos sino por sus familias y todo el entorno social.

Este fallo favorable se suma a los otros de reinstalación anteriores: en 2014 se persiguió y despidió a los activistas de la Agrupación Naranja a Fernando Luna, Analía Portillo y Gustavo Michel por presentar una lista opositora a la conducción del sindicato. Producto de la lucha que dieron junto a compañeros y otros sectores solidarios, volvieron a sus puestos de trabajo.

Este nuevo fallo demuestra cómo los trabajadores defienden sus puesto de trabajo, y es un primer paso para la reincorporación efectiva de Marcos Ortiz, trabajador esencial y padre de una hija con muchas necesidades médicas. Él, al igual que muchos otros, ha sido víctima de abuso de las patronales en plena pandemia. Los empresarios pretenden que los trabajadores paguen los costos de la pandemia; pero ellos no se resignan y dan pelea, junto con sus compañeros, por sus derechos y el de todos.




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