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Uruguay: Tabaré aplica los métodos de la dictadura para perseguir activistas

A una semana del brutal desalojo a los estudiantes que mantenían tomado el edificio del Consejo Directivo Central (CODICEN) la policía dirigida por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sigue mostrando la profundidad del giro autoritario del gobierno del Frente Amplio.

Jueves 1ro de octubre de 2015 | Edición del día

El lunes 28/9 Uruguay vivió momentos que recuerdan a la dictadura militar. Mientras declaraban en el Juzgado las víctimas del accionar policial en el desalojo del CODICEN de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en las inmediaciones se realizaban detenciones o intentos de detención claramente irregulares. Personal de Inteligencia sin identificar y sin ningún tipo de orden judicial intentó llevarse por la fuerza a militantes sindicales y estudiantiles. Ari Wiedemann, del sindicato del Taxi fue trasladado a las oficinas de inteligencia mientras que el estudiante Marcelo Hospitale, militante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), pudo evitar ser detenido gracias a la intervención de estudiantes y trabajadores que resistieron el atropello de efectivos policiales sin identificación.

Estas acciones intentan amedrentar a todos aquellos luchadores que se oponen a las políticas del Frente Amplio, entre ellos a los que en los últimos meses se movilizaron por mayor presupuesto para la educación. El mensaje del gobierno de Tabaré Vázquez es claro: criminalización de la protesta y macartismo y persecución para la izquierda que no se subordina al Frente Amplio. Un gobierno que se apresta a descargar las consecuencias de la crisis sobre los trabajadores sabe que debe escarmentar a todos los que se resistan con medidas “ejemplificadoras” que aíslen al activismo que sale a movilizarse y a la vez legitimar y respaldar al aparato represivo.

El ex guerrillero Bonomi, hoy devenido en acérrimo defensor del orden y la seguridad, realizó el 29/9 una “conferencia de prensa” donde intentó presentar a la policía “democrática” que desalojó el Codicen como la víctima inocente de una campa- ña de difamaciones por parte de la izquierda no frenteamplista. Rodeado de las principales figuras del FA, entre ellas la diputada Macarena Gelman (nieta recuperada de Juan Gelman) o la comunista Marina Arismendi, repitió las mentiras que difunde desde hace ya una semana: la policía y las fuerzas represivas no tuvieron ni siquiera un exceso durante el operativo y los violentos fueron los grupos de izquierda. Desconociendo los testimonios y registros del brutal accionar policial intenta ahora también atacar al abogado de Plenaria Memoria y Justicia, Pablo Ghirardo, amenazando con denunciarlo por difamación e injurias.

Estas declaraciones y acciones claramente calculadas de Bonomi intentan aislar a todos los que se oponen a los planes de ajuste que se comienzan a implementar desde el gobierno. La actuación en bloque de todo el Frente Amplio, con el respaldo de todos sus sectores e integrantes, defendiendo a la policía y persiguiendo a los luchadores populares es una clara señal de qué lugar tiene el Frente Amplio como asegurador de la explotación capitalista y su rol de garante de las instituciones del régimen. El 30/9 volvieron a detener a luchadores sindicales y políticos del sindicato del taxi (SUATT) y del Partido de los Trabajadores.

Los compañeros fueron trasladados en primera instancia a la sede de Inteligencia, para después ser trasladados al juzgado donde se los procesaría sin prisión. Al cierre de esta edición seguimos en alerta ante la detención de otro dirigente del SUATT, Carlos Silva quien declarará en el día de mañana. Sebastián Artigas, familiar de desaparecidos y miembro de la Agrupación Universitaria Tesis XI de Facultad de Humanidades señaló que “repudiamos el accionar la policía y la justicia y llamamos a impulsar una gran campaña unitaria contra la criminalización de la protesta y por el desprocesamiento de los compañeros”.







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