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Vaca Muerta frenada: ante una nueva encrucijada

La actividad hidrocarburífera se encuentra frenada más por causas nacionales que por factores externos. A pesar de los beneficios recibidos, los empresarios pelean por nuevos privilegios.

Jueves 20 de febrero | 22:40

Vaca Muerta está frenada, esta vez por causas nacionales más que por factores externos. Desde que el gobierno de Macri, a pedido de Christine Lagarde, reinterpretó la Resolución 46 limitando los subsidios a los nuevos proyectos de gas no convencional, la actividad en ese segmento se desaceleró. Pero el quiebre lo marcará la derrota del macrismo en las PASO de agosto de 2019: en un manotazo de ahogado, el gobierno decretó el congelamiento de tarifas, al mismo tiempo que la devaluación ensanchaba la grieta entre los precios domésticos y los internacionales.

Si hasta agosto del año pasado la explotación de nuevos pozos venía en aumento, desde ese momento se da un giro brusco. En enero de 2020 un informe de la firma NCS Multistage sostiene que la cantidad de etapas de fractura fue un 18,5% menor que en ese mismo mes de 2019. Aún así, la producción de Vaca Muerta sigue en aumento “por inercia” (los nuevos pozos se suman a la producción de los que ya estaban en funcionamiento). En 2019, Vaca Muerta rindió 10 millones de barriles de petróleo más que en 2018. En el caso del gas, el aumento interanual fue de 2.600 millones de metros cúbicos.

Las empresas de servicios nucleadas en la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE) y las operadoras de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), realizaron 600 despidos y 1.200 suspensiones. Con los despidos dieron marcha atrás el 22 de enero, pero supeditando la decisión a la negociación de las nuevas reglas de juego. Además de esos despidos, se calcula que unos 550 siguen en pie: son los de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (FECENE), según sostuvo el periodista Nicolas Gandini. En las últimas horas, Pereyra sostuvo que el número de petroleros “excedentes” según las cámaras es de 3.000.

Los favores recibidos y la puja por nuevos privilegios

Desde la asunción de Alberto Fernández, las petroleras obtuvieron del gobierno al menos tres favores. La ley de “solidaridad”, que suspendió la movilidad jubilatoria y postuló como norte el pago de la deuda externa, redujo las retenciones al sector del 12 al 8%. Pero eso no fue todo. A la hora de su promulgación, el único veto del presidente fue al artículo 52, que sostenía: “en ningún caso el derecho de exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor Boca de Pozo para el cálculo y pago de regalías”.

Esto significa que las empresas que exporten gas o petróleo no sólo pagarán menos en concepto de retenciones al estado nacional, sino que además pagarán menos en concepto de regalías a los estados provinciales (ya que para calcularlas no se tomará en cuenta el total producido, sino que se descontará el 8%).

Por último, tras la entrevista en la que Horacio Verbitsky le hizo decir a Alberto que Vaca Muerta está sobreestimada, el presidente convocó el 16 de enero a los ejecutivos de las principales empresas a la Casa Rosada. Estuvieron presentes YPF, ExxonMobil, Pan American Energy, Vista Oil & Gas, Pluspetrol, Tecpetrol, Shell, Chevron, Total, Wintershall y Compañía General de Combustibles. Ese mismo día, el Banco Central emitió una resolución flexibilizando el cepo para permitir a las empresas el giro de divisas al exterior, en concepto de utilidades y dividendos, por un monto equivalente al 30% de sus inversiones.

En esa reunión, Fernández planteó a las petroleras que “propongan” las nuevas tarifas de los combustibles y les aseguró que en breve enviaría el nuevo proyecto de ley de hidrocarburos al Congreso. El contenido de esa ley es lo que está en disputa, desde que en noviembre pasado el neoliberal del Frente de Todos, Guillermo Nielsen, dejó correr un borrador con beneficios inéditos, a los que ni Menem se atrevió: libre disponibilidad de divisas, baja en las regalías, reducciones impositivas varias, retenciones 0% para la exportación de GNL, y exención del pago de derechos de importación de bienes de capital e insumos (importación detrás de la cual algunas empresas de servicios operativizan hoy la fuga de capitales, según denunció el propio Verbitsky)..

Hoy el contenido de la ley se desconoce. La creación de un régimen cambiarioespecial sería el foco de las negociaciones. Pero para conocer la letra del proyecto, hay una única certeza: habrá que esperar el resultado de la renegociación de la deuda, tanto con el FMI como con los acreedores privados.

Mientras tanto, en Neuquén, donde la economía rentista pudo alcanzar picos de recaudación récord por parte del Estado mientras a nivel nacional crecía el déficit fiscal, hoy el peso del endeudamiento, que creció a la par con la fiesta macrista, se pone de manifiesto. Y esa misma estructura, dependiente de la monoproducción de hidrocarburos, puede caer con más velocidad que la que tuvo al crecer. El ajuste se cierne, en lo inmediato, no sólo sobre los trabajadores del sector petrolero, sino sobre las y los jubilados, cuyo régimen el gobierno provincial de Gutiérrez se juega a modificar, y sobre los salarios estatales, que con el mecanismo de la actualización trimestral por la inflación, habían retrocedido mucho menos que los del resto de los estatales a nivel nacional.

Un programa alternativo al saqueo y la contaminación

El telón de fondo del escenario nacional es la incertidumbre sobre el fracking a nivel global. El no convencional sirvió a Estados Unidos, durante la década pasada, para autoabastecerse y no depender de la importación de hidrocarburos de Medio Oriente, donde su estrategia guerrerista se había empantanado. Pero, como se fue vio en los últimos años, cuando los precios bajan, se demuestra que los no convencionales sólo son sostenibles por medio de un enorme endeudamiento, que ha llevado hasta la quiebra a decenas de empresas. En Argentina, cuando Vaca Muerta es “viable”, es porque por medio de subsidios, tarifas y todo tipo de beneficios, el pueblo trabajador resuelve sus cuentas.

Hay que cuestionar el conjunto de las dimensiones de este saqueo, económicas, laborales, territoriales y ambientales. Es necesario un programa que incluya la expropiación de todas las empresas del sector y la fusión en una sóla empresa estatal para que la energía deje de ser un negocio y sea pensada racionalmente como un derecho. El control de esa empresa debe estar a cargo de sus trabajadores y trabajadoras, las comunidades y pueblos originarios que han sido afectados por la producción, profesionales de universidades públicas y organizaciones socioambientales. Hay que prohibir el fracking o fractura hidráulica, conservando el 100% de los puestos de trabajo.

Quitando la ganancia capitalista de la ecuación, esa empresa estatal única podría estar al frente de una transición a una matriz energética sustentable, desfosilizada, diversificada, que reduzca drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero, desarrollando energías renovables o de bajo impacto ambiental, combinadas en función de las potencialidades de cada región.

Estas medidas son inseparables de un plan racional de reorganización integral de la economía, que contemple la reducción del consumo de energía, mediante la nacionalización y reconversión tecnológica del sistema de transporte público y de la gran industria, entre otros aspectos. Para el financiamiento de esa transición es necesario desconocer la odiosa deuda externa, que somete al país al atraso y la dependencia.







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