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Red Internacional

La pandemia del CoVid-19 dejó al descubierto las condiciones en que viven quienes están privados de su libertad. Las mujeres y las personas LGBT no son excepción a eso.

Martes 12 de mayo de 2020 | 10:42

Las últimas semanas, los medios de comunicación multiplicaron las noticias sobre las protestas en las cárceles a propósito de las condiciones de vida en los penales. Aunque el problema había estallado desde los primeros días de la pandemia, las autoridades penitenciarias, la Justicia y los gobiernos nacionales y provinciales no dieron respuestas a esta crisis. Las medidas de salidas transitorias y prisión domiciliaria, recomendada y aplicada en varios países del mundo, provocaron debates, campañas punitivas y declaraciones plagadas de demagogia e hipocresía. Pero el problema de fondo sigue sin resolución.

La realidad que se vive en las cárceles no es ninguna novedad. La Izquierda Diario denunció en distintas ocasiones, la superpoblación, la falta y calidad de los alimentos, las dificultades para acceder a un buen sistema de salud y recibir buenos tratamientos, la ausencia general de higiene y la falta de insumos, son una constante histórica que sufren las poblaciones carcelarias a lo largo y a lo ancho del país.

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¿Cuál es la situación de las mujeres y las personas LGBT?

Un informe de 2018 de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), arroja que siete de cada diez mujeres no tiene condena firme (superior al promedio de la población carcelaria en general), por lo que según la propia legislación penal, se trata de personas inocentes “hasta que se demuestre lo contrario”, constatándose así, el abuso de la aplicación de la prisión preventiva. Muchas de estas mujeres son madres solteras, con hijos e hijas menores a cargo.

Según el informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep) publicado a fines de 2018, la población carcelaria está compuesta por un 4,6 % de mujeres y un 0,2% es población trans y travesti. Se contabilizaron 162 casos de mujeres que viven con sus hijos e hijas en el establecimiento penal. Hoy casi el 70% de la población trans y travestis se encuentran detenidxs por la infracción a la ley 23.737 de drogas vinculados al comercio, tráfico e incluso tenencia simple, lo que impactó fuertemente en detrimento de sus condiciones materiales de alojamiento.

Según los datos del Ministerio de Justicia de la Nación, en 2015 el 52% de las travestis y trans encarceladas en unidades penales del país eran argentinas. Al año siguiente representaban el 59%. El segundo grupo más importante era el de las peruanas, representando el 39% de las presas trans y travestis. Sin embargo, según los datos relevados por la investigación, tres años después la proporción no se ha sostenido: en provincia, el grupo de nacionalidad argentina es de un porcentaje menor al migrante, en una proporción de 30% y 70% respectivamente. Así lo reveló Agencia Presente.

Teniendo en cuenta estos datos, queda totalmente a la luz que la población trans y travesti es totalmente criminalizada y encarcelada respecto a la política de drogas. Además de sufrir formas específicas de violencia que se traducen en prácticas discriminatorias y humillantes, como malos tratos tanto físicos como psicológicos ligados a la identidad de género orientación sexual. La particularidad que adquiere esto, es el entrecruzamiento entre la violencia de género y la violencia institucional.

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Consultada por el diario Página/12, Andrea Lombraña, integrante del Centro Universitario de San Martín y es investigadora del CONICET, habla de la población femenina en los penales. “La mayor parte está por primera vez, y hay muchas mujeres de edad avanzada. Esto es producto de lo que pasa en los barrios, ya que una de las salidas laborales es vender droga en sus manzanas. Y eso se notó muchísimo, en los últimos años, como producto de la crisis económica, a la que se sumó un estado que comenzó a perseguir de manera obsesiva ese tipo de delitos, diciendo que luchaba contra el narcotráfico lo que hizo fue ir a buscar al primero y más débil eslabón de la cadena, y ha habido prisiones masivas y prisiones preventivas. Mayoritariamente estamos hablando de este eslabón de mujeres de los barrios”.

El arresto domiciliario es una de las principales demandas de las mujeres con hijos e hijas menores de 5 años. Aunque está incluido en los casos recomendados para solicitar esta medida, se aplica de forma parcial. Hay situaciones extremas que se conocen gracias a las redes sociales, como en el penal de Los Hornos que hicieron una denuncia contundente acerca de las condiciones en las que se encuentran tanto ellas como sus hijos e hijas; algunas de ellas se encuentran embarazadas.

Según el informe de 2019 de la PPN, el uso sistemático de la prisión preventiva empeoró la situación y más de la mitad (57 %) de las personas privadas de su libertad en Argentina no tienen condena firme. Esto creció exponencialmente durante el gobierno de Mauricio Macri, pero el hacinamiento de la población carcelaria no fue atendida por ningún gobierno, hace décadas que no se toman medidas estructurales para revertirlo.

Al mismo tiempo, al contrario de lo que señala la campaña de fake news sobre la “liberación” de presos violentos, 10.451 de las 13.358 personas alojadas en las cárceles federales, se encuentran privadas de su libertad por delitos menores contra la propiedad o relacionados con el narcotráfico como robos, tentativas de robo, hurtos, tentativas y narcomenudeo.

Hipocresía y fake news

La discusión sobre la "liberación" de presos comenzó con la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, que establecía una serie de recomendaciones para viabilizar prisiones domiciliarias monitoreadas a personas detenidas por delitos no violentos (se excluían los delitos contra la integrar físicas, violencia machista y violencia sexual), a las mujeres embarazadas o con hijos e hijas menores, a quienes estuvieran cerca de acceder a salidas transitorias y a las personas mayores de 60 años con probelmas de salud.

Las redes sociales se transformaron en la plataforma de una campaña punitivista, alimentada por la hipocresía y la utilización de las víctimas. Así lo denunció la diputada de la Ciudad de Buenos Aires Myriam Bregman, en una sesión de la Legislatura, “Quería aprovechar esta oportunidad para decir que es un gran momento de dejar de hacer demagogia y para que digan realmente lo que piensan. Que no lo encubran en una supuesta defensa de las víctimas, porque la verdad es que cuando hay marchas por las víctimas los que marchamos siempre somos los mismos”.

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Durante las últimas semanas se escucharon y leyeron declaraciones en medios de comunicación y redes sociales que agitaban el fantasma de la supuesta liberación de femicidas y violadores. Hashtags como "el feminismo ha muerto" o "dónde están las feministas" no son más que el intento de utilizar la lucha y la movilización contra la violencia patriarcal al servicio de una campaña punitivista.

Todos estos datos dejan a la luz que es responsabilidad del gobierno y el Estado, ya no pueden mirar para el costado en el marco de una pandemia mundial, porque nada de lo que se encuentra en esta nota cayó del cielo.




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