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Red Internacional

Uno de los genocidas condenados es Santiago Omar Riveros, quien ya acumula 16 sentencias a perpetua por su poder de influencia sobre todo lo que pasaba en Campo de Mayo.

Lunes 4 de julio | 21:02
Condenan a Santiago Omar Riveros y a tres genocidas más a cadena perpetua en cárcel común por los "Vuelos de la muerte" | Foto: @SDHArgentina

El Poder Judicial condenó este lunes a prisión perpetua a cumplir en cárcel común a cuatro exmilitares del Ejército por los llamados "vuelos de la muerte" de la última dictadura cívico-militar.

Estos operativos consistían en arrojar vivas y drogadas al mar a personas detenidas-desaparecidas que estaban en centros clandestinos, como los que funcionaron en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), el más grande del país, o en Campo de Mayo.

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La condena fue emitida por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de San Martín contra el exjefe de Institutos Militares de Campo de Mayo Santiago Omar Riveros; el excomandante del batallón Luis del Valle Arce; su segundo, Delsis Ángel Malacalza, y el exoficial de operaciones de esa dependencia Eduardo María Lance.

Los jueces Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini ordenaron analizar el estado de salud de los condenados -quienes cumplen prisión domiciliaria- para determinar si están en condiciones de ir a una cárcel común a cumplir la sentencia, como lo pidió la Fiscalía.

En 2017, la Justicia había condenado por los "vuelos de la muerte" a una treintena de acusados, varios de ellos a perpetua, entre los que sobresalían los excapitanes Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta.

El juicio por esa "megacausa" duró cinco años y pasaron por el debate alrededor de 800 testigos.

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En el juicio de San Martín se debatieron los vuelos que perpetró el Ejército. El fiscal Marcelo García Berro dijo que los acusados cometieron privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas, imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos en forma reiterada, homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas.

Los casos abordados por el TOF fueron los de Rosa Eugenia Novillo Corvalán, Roberto Ramón Arancibia, Adrián Enrique Accrescimbeni y Juan Carlos Rosace.

Estas personas fueron secuestradas entre 1976 y 1977, las trasladaron al centro clandestino de detención "El Campito", en Campo de Mayo y allí las torturaron. Finalmente las subieron a aviones y las arrojaron al mar o al Río de la Plata.

Los cuerpos de estas víctimas aparecieron en la zona de Punta Indio, a unos 150 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, o en la costa Atlántica.

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Desde la Secretaría de Derechos Humanos, querellante en la causa, destacaron que gracias a los testimonios de exconscriptos, que relataron lo que vieron en Campo de Mayo entre 1976 y 1977, se pudo probar durante el debate el funcionamiento de "esta maquinaria planificada y sistemática que se utilizó para desaparecer y eliminar a miles de personas".

El TOF 2 de San Martín encontró a los exmilitares culpables del allanamiento ilegal y del secuestro, tormentos y homicidio.

Entretanto, el tribunal solicitó al Ministerio de Justicia que los incorpore al programa de vigilancia electrónica y que se les proporcione los dispositivos de geolocalización pertinentes.

En el caso puntual de Riveros, que ya acumula 16 sentencias a perpetua por su vasto poder de influencia sobre todo lo que acontecía en Campo de Mayo, se encuentra en libertad condicional, aún no efectiva, dado que todavía se encuentra a disposición de un tribunal en Comodoro Py.

En tanto, el tribunal dispuso que el 12 de septiembre se efectúe la lectura de fundamentos del veredicto.

Además, el tribunal instruyó a la jueza de primera instancia Alicia Vence para que ahonde en la investigación sobre quienes fueron pilotos y copilotos de los "vuelos de la muerte".

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El juicio comenzó el 5 de octubre de 2020 y juzgó los hechos cometidos en el Aeródromo del Batallón de Aviación 601 de Campo de Mayo, que fue uno de los lugares en los que se gestó el último eslabón del circuito represivo desplegado por las Fuerzas Armadas y de seguridad entre 1976 y 1983.

En el transcurso del debate, que se extendió por ocho meses, dieron testimonio 199 personas y de la mayoría de las declaraciones surgió que los detenidos eran ingresados al predio en vehículos no oficiales, conducidos por personas vestidas de civil que se dirigían directamente a la cabecera de la pista de aterrizaje donde los esperaban aviones estacionados.

Los testigos relataron que esos vehículos trasladaban bolsas con cadáveres y jóvenes ensangrentados con indicios de haber sido sometidos a largos cautiverios.




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