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Red Internacional

A semanas de los fuertes incendios de la Patagonia, Adrían Monteleone Profesor de Geografía y Magister en Ciencias Sociales, nos relata cómo se llegó a esta situación, quiénes se benefician y cual es el panorama de las comunidades afectadas.

Jueves 1ro de abril | 00:09
Fotos: Adrián Monteleone

En forma imprevista, el pasado 9 de marzo se desarrollaron distintos incendios simultáneos de gran magnitud en las áreas suburbanas de Lago Puelo y El Hoyo. Por las características ambientales imperantes como la extrema sequía y los fuertes vientos, el fuego se propagó rápidamente entre zonas boscosas, barrios y chacras. Muchos barrios tuvieron que ser evacuados inmediatamente y hoy se sabe que la magnitud de la catástrofe pudo ser mayor si no se hubiese desatado la lluvia en la madrugada del 10 de marzo. El saldo fue la pérdida de más de trescientas viviendas y alrededor de mil personas evacuadas.

Los incendios en la Patagonia andina no son una noticia nueva, en los últimos 30 años se han transformado en un suceso frecuente en la temporada de verano. Sin embargo, el aumento de los incendios no es algo aleatorio o natural que debe sólo atribuirse al “cambio climático”, sino que responde también a la falta de políticas públicas que construyeron un riesgo ambiental estructural en muchas localidades patagónicas. Es por ello que el desastre ambiental ocurrido comenzó mucho antes del incendio, a partir de décadas de desidia, corrupción, falta de inversión pública y de transgresión de los códigos de ordenamiento territorial de los gobiernos locales a fin de favorecer la mercantilización del paisaje y a la naturaleza patagónica.

El Estado provincial y los gobiernos locales como principales responsables.

Durante décadas el Estado provincial y muchos gobiernos locales, no tuvieron como meta la inversión en infraestructura de servicios en territorios cada vez más poblados y urbanizados. La gestión pública prácticamente se puso al servicio del sector privado a partir de incentivar actividades extractivas e inmobiliarias con una lábil fiscalización, generando con ello mecanismos multicausales de interrelaciones estructurales entre los gobiernos locales, provinciales y parte del sector privado especulativo.

Si bien cada municipio desarrolló un plan estratégico de ordenamiento territorial, muchos fueron escritos a principios de la década de 1990 o bien son transgredidos por “excepcionalidades” otorgadas por los poderes legislativos de los gobiernos locales a partir de negociaciones particulares y favores políticos entre actores locales y provinciales. Por otro lado, la fiscalización de la provincia y los municipios es deficitaria y existe una diversidad de agencias estatales que se yuxtaponen en el territorio, generando un caos burocrático de jurisdicciones: Subsecretaría de bosques, Ministerio de ambiente de la provincia de Chubut, Municipalidades, etc.

La desidia de los gobiernos provinciales y locales durante los últimos 30 años generó que en el noroeste de Chubut proliferen emprendimientos inmobiliarios casi sin control, aserraderos ilegales o con evaluaciones de impacto ambiental precarias, problemas en la disposición final de los residuos y deshechos cloacales y un paulatino aumento en la extracción ilegal de madera y áridos. Así también, desde hace décadas el servicio eléctrico del noroeste de Chubut a cargo de la Dirección General de Servicios Públicos de la provincia, se encuentra casi obsoleto, al límite de su capacidad, sin inversión y con personal al que se le adeudan salarios. El servicio eléctrico en la comarca andina chubutense se encuentra colapsado por la alta demanda energética que generó el aumento poblacional y el crecimiento urbano no planificado en los últimos 20 años. Los cortes del suministro de energía eléctrica ya es parte de la vida cotidiana de quienes habitan la comarca, que también tienen que lidiar con los desperfectos de los transformadores aéreos cercanos a pastizales, bosques y malezas que muchas veces producen focos de incendios. Además, las agencias que deben encargase del controlar los incendios (consideradas entre las mejores de Latinoamérica), se encuentran con un escaso número de brigadistas a lo que se le suma su precarización laboral y la falta de reconocimiento salarial a profesionales que ejercen su trabajo en forma voluntaria.

Los incendios como herramienta para la especulación inmobiliaria y maderera.

Parte del saber local vincula los incendios con la especulación inmobiliaria y los posteriores loteos. Para ello es necesario comprender algunas herramientas y vacíos legales de los que se valen los capitales especulativos. La constitución de la provincia de Chubut, en su artículo 105 reconoce los bosques nativos como dominio del estado provincial, pero deja abierta la posibilidad que mediante futuras reglamentaciones o excepciones, los mismos puedan explotarse.

En muchos municipios que aún tienen tierras fiscales con bosque (nativos o implantados), también denominados “vuelo”, deben contar con la aprobación de la Subsecretaría de Bosques de la provincia para su extracción y luego gestionar en los municipios la compra de tierra fiscal o la excepcionalidad para desarrollar un loteo. De esta manera, si existían limitaciones jurídicas que impedían el otorgamiento de los títulos de propiedad, éstas se eliminan a partir de negociaciones políticas en Rawson o a través de incendios que eliminaran el obstáculo del “vuelo” (bosque). Luego las tierras quemadas son adjudicadas en venta por lo municipios a un valor fiscal muy bajo para destinarlas a realizar loteos privados.

Otra de las actividades extractivas que se benefician con los incendios es la maderera. Luego de los incendios, es recurrente que se autorice la extracción de madera quemada a aserraderos que muchas veces se encuentran vinculados con el poder económico y político local o provincial. Esta metodología extractiva instalada en las prácticas locales, se implementa cuando no se autoriza la extracción de madera por la vía regular, por lo tanto existe la posibilidad de obtener esa mercancía de las zonas incendiadas propiciando con ello el oportunismo de algunos sectores madereros locales.

Una propuesta que planteó el bloque del Frente para la Victoria en 2020, a causa del desastre ígneo en la provincia de Córdoba, fue incluir modificaciones a la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, las cuales estipulan la prohibición por 30 años a la realización de emprendimientos inmobiliarios o agricultura extensiva que modifique el territorio de manera distinta a la que se encontraba del incendio. Así también, en el caso de incendios de bosques nativos, áreas naturales y humedales, se contempla una prohibición de 60 años para modificaciones en el uso del suelo o actividades diferentes a las que se desarrollaban antes del inicio de los focos. Al ser una ley de presupuestos mínimos debería garantizar un umbral básico de protección ambiental en forma uniforme en todo el territorio nacional. Es decir que es “un piso” que debería garantiza a todo habitante del país una protección ambiental mínima más allá de la jurisdicción en la que se encuentre. Sin embargo, no hay que pecar de ingenuidad creyendo que ello eliminaría la especulación inmobiliaria que es inherente al modo de producción imperante. En tal caso pueden constituirse en simples barreras que el mercado sorteará o evadirá a partir de encontrar otras formas de vincular las prácticas extractivas inmobiliarias a los incendios. A su vez, es importante analizar los casos de productores que a causa de un incendio perdieron su capital y decidan vender las tierras y reorientar su actividad. Algo que aún falta analizar y debatir en profundidad, más allá del entusiasmo y la novedad.

Detrás del fuego… las cenizas, el riesgo y la vulnerabilidad ambiental.

Si bien existen características naturales que pueden generar peligrosidad y amenaza en los territorios, no se debe descartar que la organización política alineada a un patrón de acumulación extractivo puede generar que muchos eventos naturales como sequías, precipitaciones, coladas de barro, sismos o erupciones volcánicas, se transformen en catástrofes, pese a que muchas veces el poder hegemónico intente invisibilizar el problema culpando al cambio climático o bien la reproducción del sentido común a través de teorías conspirativas que sólo permiten que la construcción del riesgo persista y no se pueda identificar las verdaderas y múltiples causas de esos hechos.

Los desastres, en general, visualizan el grado de vulnerabilidad y desigualdad existente en la sociedad a partir de las posibilidades en la organización social y política en dar respuesta a un evento catastrófico. Es por ello que durante el incendio ocurrido en las localidades de Lago Puelo y El Hoyo, pudo verse la organización espontánea de grupos vecinales en las auto-evacuaciones y en el combate de los focos de incendios y la apertura de cortafuegos junto con brigadistas. En la mayoría de los casos, mucha gente se organizó intuitivamente ya que no existía una directriz clara sobre qué hacer ante una situación de estas características, justamente en un área de riesgo de incendios.

La falta de organización generó que algunos caminos vecinales se colapsaran de vehículos y se tomaran decisiones drásticas sin el acompañamiento de ningún organismo público. Por otro lado, algunos barrios afectados de Lago Puelo como Cerro Radal y la Parcela 26 son verdaderas “trampas de fuego” ya que no existen caminos de evacuación, hay pocos cortafuegos y predominan (o predominaban) pinares cuya combustión y propagación del fuego es muy rápida.

Según el relevamiento realizado por la Municipalidad de Lago Puelo, la catástrofe ígnea destruyó 392 viviendas y afectó directamente a 1055 personas, sin contar las pérdidas económicas y de infraestructura de muchas producciones locales. Ante ello, la respuesta serán módulos de vivienda “prestados” y el ingreso al sistema de créditos para quienes fueron afectados por la catástrofe. Los barrios que fueron más afectados con mayor concentración de personas como Eco-aldea, Pinares al Sur y Parcela 26, se encuentran en un proceso de reconstrucción autogestiva a partir de la colaboración voluntaria y la ayuda externa.

El desastre ambiental ocurrido en la Comarca Andina del paralelo 42, no sólo dejó cenizas, también planteó nuevos interrogantes y un estado de alerta en gran parte de la población local al visualizar y confirmar la desidia de muchas agencias estatales puestas en función de intereses especulativos y sin ninguna estrategia de prevención de ante este tipo de desastres. Paralelamente, se evidenció la falta de inversión en infraestructura en una provincia donde el poder político promueve como única fuente de financiación y desarrollo las regalías que pueden obtener a partir de la explotación de minerales metalíferos y petróleo.

Será necesario que se renueven las formas participativas en la planificación y ordenamiento territorial y un mayor control ciudadano de los gobiernos locales a partir de asambleas y juntas vecinales que velen por un bien común y objeten o denuncien las adjudicaciones en venta dudosas de tierras fiscales, los permisos de extracción de la madera de zonas incendiadas y los loteos como resultado de negociaciones turbulentas. El horizonte será trabajar en generar conocimiento comunitario en la disminución del riesgo ambiental: relevamientos periódicos de tendidos eléctricos de riesgo, poda de árboles, cortafuegos, desmalezado, conocimiento de primeros auxilios, señales de evacuación en cada paraje, mayor control de aserraderos, entre otros.

Pese al fuego, los barrios siguen en pie y las comunidades se auto organizan. La reconstrucción de las viviendas se realiza con rapidez antes que las lluvias del otoño puedan agravar aún más la situación, produciendo deslaves de barro por la falta de vegetales que fijan los suelos. El invierno se asoma y no promete ser una postal turística. Las comunidades resisten con esperanza.




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