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Red Internacional

Los recientes incendios en Corrientes, pero más en general en todo el país, ponen de manifiesto la falta de inversión en prevención y combate de incendios. La prioridad de asegurar la ganancia capitalista pone en riesgo a trabajadores y comunidades, destruyendo el ambiente de manera acelerada. El discurso de mitigación del cambio climático oficial choca con las políticas extractivas.

Ulises CrauchukCorresponsal Comarca Andina | @ulisescrauchuk

Lunes 28 de febrero | 00:39

A poco de cumplirse un año del incendio que arrasó parte de la Comarca Andina, destruyendo cerca de 500 viviendas y causando tres muertes, el panorama en materia de prevención y combate de incendios, así como las causas y consecuencias de los mismos están a la vista. El 10% de la provincia de Corrientes fue consumido por las llamas, los y las brigadistas del SNMF y de los servicios provinciales continúan enfrentando la precarizacion laboral y la falta de recursos, y las políticas en materia forestal agravan aún más el panorama.

En el marco de los incendios que han arrasado la provincia de Chubut, donde solo este año se han perdido más de 80.000 hectáreas por los incendios, los brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) se encuentran peleando la apertura de paritarias luego de dos años de congelamiento salarial y con una pérdida del poder adquisitivo superior al 50%. Asimismo, denuncian la falta de recursos, desde ropa ignífuga vencida, hasta móviles en pésimas condiciones.

Hoy el sueldo de un ingresante al SPMF ronda los $45.000. Si al ofrecimiento del 18% en tres cuotas que el gobierno dió en el marco de la conciliación obligatoria dictada el pasado 7 de febrero, sumamos el 20% restante del aumento por decreto dictado el año pasado, el aumento total sería de unos $16.000, llevando el salario a $61.000. Muy lejanos a límite de pobreza y mucho más lejanos a los $128.000 de la canasta básica familiar establecida por la junta interna del INDEC.

Sobre está realidad de miseria para los trabajadores se impone el desfinanciamiento del SPMF en materia de recursos e infraestructura, junto con las amenazas que representan el aumento del riesgo de incendios y la crisis hídrica derivada del cambio climático. En los últimos 20 años la provincia ha perdido más de 2p0.000 hectáreas de bosques nativos y la proliferación de especies exóticas invasoras como el pino hacen aún más dramática la situación.

Una reciente publicación de Aguayala en la Agencia Tierra Viva, destaca que el 96 % de las implantaciones de pino en Chubut son de ponderosa (pinus ponderosa), una especie exótica considerada invasora por parte del Ministerio de Ambiente en su último catálogo que la considera "Especie de uso controlado". Cómo afirma dicha publicación "De 1000 pinos por hectárea en una plantación brotaron 21.000 luego del incendio de 2012, de acuerdo a un estudio de la Universidad Nacional del Comahue. Cada incendio genera más masa combustible y da lugar a incendios más voraces."

Esto tiene implicancias directas en el medio ambiente como ha demostrado el biólogo Lino Pizzolon, cuyo trabajo es base del informe de Aguayala, en el caso de la zona de Puerto Patriada en El Hoyo. "Los pinos reemplazan al bosque nativo en un proceso prácticamente irreversible por la magnitud con que se reproducen, por la velocidad con la que crecen y por el rebrote luego de incendios forestales."

Amparados en la ley 25.080 de 1998, de Inversiones para Bosques Cultivados, se reintegran entre el 40 y el 80% de la inversión inicial a los titulares de las implantaciones, aumentada en un 10% por la Resolución 102 de 2010 de la Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca. Del mismo modo, el mantenimiento de las plantaciones se encuentra subsidiado por el reintegro del 70%de los costos derivados del mismo de manera no reintegrable.

"El cambio climático además produce más sequías, calor y vientos extremos. En este contexto, continuar con el programa de plantaciones masivas equivale a multiplicar escenarios para próximas catástrofes" afirma la investigación.

En la zona de las nacientes del Río Chubut, dónde Benetton ha implantado más de 10.000 hectáreas de pinos, la crisis hídrica agudiza un problema derivado de dicha práctica. Aguayala cita un estudio según el cual "la transpiración en las plantaciones de pinos adultos llegó hasta el 73 por ciento del flujo total de agua, mientras que en la estepa arbustiva fue solo del 10 por ciento. "Las plantaciones de pinos en la Patagonia semiárida evaporan todas las precipitaciones, resultando en cero drenaje profundo y cero recarga de agua subterránea", concluye el estudio".

Este contexto se ve agravado por el actual Plan Estratégico Forestal y Foresto-Industrial 2030 que plantea la implantación de 100 millones de pinos. El pasado 19 de febrero, El Consejo Foresto-Industrial Argentino (CONFIAR) -formado por la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP), Asociación Forestal Argentina (AFoA), Asociación de Fabricantes y Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera (ASORA) y la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA)- expresó su apoyo a dicho proyecto. Allí "se planteó el apoyo del gobierno nacional a la sanción del proyecto de Ley que crea el Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros (PROSAS) para financiar la Ley 25080, de promoción de bosques cultivados (ex Fondo de Seguro Verde)."

El PROSAS, consiste en "aportes voluntarios de los acuerdos voluntarios que se alcancen con las aseguradoras que emitan pólizas de seguro automotor" de entre un 0,5 y un 1%, con el objetivo del pago de los aportes no reintegrable contemplados en la ley 25.080, y fue aprobado por el Senado en julio de 2021.

De este modo, la política de profundización de implantaciones orientada a la explotación de madera, de pasta de celulosa o a la especulación con bonos verdes, agudiza aún más los problemas derivados de la acción antrópica causante del cambio climático en la región. El discurso oficial de mitigación en la COP 26, colisiona con la necesidad de "canjear deuda por acción climática" del ministro Cabandié y con los intereses de las empresas capitalistas.

La urgencia de conseguir los dólares para pagar la deuda obligan al conjunto de los partidos del régimen a profundizar políticas extractivistas como el fracking, la megaminería o las forestaciónes orientadas al mercado exportador, garantizando los negocios de multinacionales del saqueo y acelerando la degradación ambiental.

Junto con ello, la precarización laboral avanza y las consecuencias de las catástrofes derivadas de incendios como en Corrientes o Chubut las sufren miles de familias trabajadoras, pequeños productores y especies nativas.




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