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Red Internacional

Los más afectados por la medida de Uribarri de sacar la policía a las calles como agente de tránsito son los trabajadores precarizados. Dicen que es para controlar los motovehículos, pero todo apunta a la intimidación y criminalización social.

Lunes 6 de octubre de 2014 | 11:46
Domingo 28 de septiembre 2014 - YouTube

Video: integrantes de la cuerda La Yaguarona sufren intimidaciones de la Policía cuando ensayaban en plaza Alvear (Youtube)

El exagerado despliegue policial se ajusta a las políticas represivas de un gobierno que gira cada vez más a la derecha.

Viajar en el transporte urbano de pasajeros es costoso y fastidioso. Pese a los astronómicos subsidios “secretos “recibidos por las empresas por parte del gobierno nacional, el mal crónico que afecta a trabajadores y estudiantes, como demoras de las unidades, hacinamiento, etc.; fue cada vez peor.
Ante este pillaje empresarial y la sordidez del gobierno, gran parte de la masa poblacional de la ciudad optó por adquirir una moto en cómodas cuotas. En 2009 se estimaba que en la ciudad había alrededor de 80 mil motovehículos. Un alto índice de trabajadores precarizados eligió este medio de transporte como forma de movilidad.

La precarización laboral con sueldos por debajo de la canasta básica, sumada a la inflación y los costos de vida (alquiler, impuestos, vestimenta) hace casi imposible que este gran sector de la clase trabajadora pueda tener en regla sus motos. Se abre la trampa.

La policía como agente de tránsito en las calles y con la arbitraria disposición que los patrulleros puedan detener a los motociclistas, responde a una lógica represiva del Estado que atenta contra la clase trabajadora más oprimida. La orden a los agentes policiales es que a la mínima irregularidad en sus “papeles”, el rodado sea secuestrado despojando a la persona de la propiedad que adquirió con la explotación sufrida diariamente en su trabajo, dejándolo de esta manera sin una herramienta elemental y movilidad. La trampa se cierra.

La medida además da rienda suelta a los abusos por parte de la policía que se transporta con armas largas criminalizando a los motociclistas y a gran parte de la juventud que en ella se traslada.

¿Controles para todos?

Por dar un ejemplo: uno de los sectores que más se ha favorecido durante “la década ganada” es el sector inmobiliario relacionado estrechamente a los corralones que proveen los materiales de construcción. Existe un elevado índice de negocios dedicados al rubro que poseen camiones que no cuentan con las mínimas normas de seguridad vial (falta de luces, frenos deficientes, etc.) además del agravante de poseer choferes en negro, sin registro adecuado y expuestos a los accidentes de tránsito.

Se exige a los trabajadores que cumplan con la ley nacional de tránsito mientras que la misma ley contempla que las calles deben estar en buen estado, correctamente señalizadas (nomenclaturas, senda peatonal, etc.) con adecuada semaforización y libre de obstrucciones (lomo de burro, divisorios, etc.) que atentan contra la vida de los motociclistas y han sido causantes de muchos accidentes mortales.

Mientras Sergio Uribarri, el gobernador presidenciable, se jacta diciendo que la medida es por la vida, por la seguridad y que “esta vino para quedarse”, el municipio y la gobernación son los primeros en contravenir las normativas arrojándolas con todo el peso sobre la clase trabajadora más vulnerada
Quienes deben estar en “regla” son los trabajadores que utilizan la moto como medio de traslado, sin embargo los legisladores poseen inmunidad ante los controles de tránsito. Esto significa que no pueden ser controlados por ninguna autoridad, sea inspectores de tránsito o policías. En sus chapas patente hacen gala de tal impunidad.

La cereza que decora este gran trotón de bosta es que mientras los trabajadores no llegan a fin de mes, estos señores levantamanos y apoyatraseros a comienzos de año se otorgaron un significativo aumento en sus sueldos como senadores y diputados.

“Prohibido girar a la izquierda”

No es casual la medida de control social y disciplinamiento. Esta es reflejo de la derechización del gobierno nacional y del alineamiento de la provincia en cuanto a políticas represivas que se intensifican cada vez más. Sacar al aparato represivo del estado burgués a la calle en actitud intimidatoria es propio de la salida por derecha del Kirchnerismo.

Los severos controles confiscatorios con finalidad recaudatoria, con multas abusivas que incluso aumentaron en un 400% dejan de manifiesto que las políticas a nivel provincial apuntan a que la crisis y el endeudamiento del Estado entrerriano la paguen los trabajadores.

Provincia que invierte en “materia de seguridad” colocando a la fuerza del “orden público” como agencia de empleo. No podemos dejar de mencionar que mientras el básico de un policía que ingresa a la fuerza es de $7.000, el de un docente es de $2.000. Sin embargo la ola delictiva aumenta pese al número de policías con presencia exagerada en las calles.

Podría considerarse que el aumento de la inseguridad es proporcional al aumento de agentes en cada esquina. Como siempre, mientras exista un Estado que defienda los intereses de las clases privilegiadas, el hilo se cortará por lo más delgado: por el lado de los laburantes amenazados cada día más por el pauperismo al que están tan sometidos cotidianamente. Laburantes que continúan amortiguando los embates económicos de un gobierno que infla el pecho como sapo cuando habla de los trabajadores, sin embargo son los que más padecen la explotación, la inflación y las medidas adoptadas por el gobierno, Nacional, Provincial y Municipal.

Recordemos que la PER (Policía de Entre Ríos) que “controla “el tránsito es la misma que ingresa a las escuelas blandiendo impunemente sus armas de fuego frente a estudiantes y docentes. Es la misma que hostiga y persigue a los pibes en los barrios pobres de la ciudad. La que desapareció a Gómez-Basualdo, que asesinó a Gorosito, como tantos otros jóvenes estigmatizados y criminalizados por el aparato represivo del estado.

Policía que hoy se encuentra verificando si los trabajadores “poseen el seguro al día”, de manera contraria, no solo se pagará una multa exagerada, sino que la moto será detenida y trasladada a la cárcel de motos, denominada decorosamente “depósito”.




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