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Red Internacional

En locales de las empresas Padilla Citrus y Dynamic Agroservices fueron “rescatados” trabajadores (muchos de ellos de una comunidad wichí de Formosa) que eran obligados a cosechar sin pagarles y vivir en condiciones de hacinamiento. Un botón de muestra que se reproduce en todo el país.

Martes 5 de julio | 10:13
Foto Padilla Citrus

En las últimas horas se realizaron allanamientos en los que fueron rescatados, al menos, 66 peones rurales. Habían sido trasladados desde Formosa a Salta para trabajar en fincas dedicadas a la producción cítrica, especialmente de limones para exportación. Las empresas en la mira son la contratista Dynamic Agroservices y Padilla Citrus , ésta última propiedad de Pablo Padilla.

La situación vivida por decenas de trabajadores se habría “descubierto” luego de que ellos mismos reclamaran ante las autoridades por demoras en los pagos de los jornales, trabajo a destajo y pésimas condiciones de vivienda; lo que activó (siempre según información oficial) una investigación de la División de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de Salta en colaboración con el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Salta.

Un total de 66 peones rurales fueron “rescatados” en dos operativos. Uno en una finca ubicada en la localidad de El Galpón, donde había 21 trabajadores pertenecientes a la comunidad Colonia Aborigen Estanislao del Campo de Formosa. El otro en un edificio en construcción en la localidad de Metán (siempre en el sur de la provincia), que sería usado como “hotel”, donde unos 45 laburantes “vivían en condiciones deplorables, ya que el lugar no contaba con las condiciones mínimas e indispensables para su alojamiento, exponiéndolos a las inclemencias climáticas, a una extrema carencia alimenticia y de servicios básicos”, tal como se informó.

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Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta se aseguró que “estas personas habrían sido captadas en su lugar de residencia por el administrador de la finca, quien los condujo hasta el lugar para trabajar en la cosecha de limones”. A partir del “rescate” de los peones rurales se detuvo a una persona sindicada como responsable de la finca y se abrió una causa en el fuero federal por violación a la Ley N° 26.364/08. En los operativos también participó personal de la AFIP.

Si bien no trascendió el nombre del detenido, diversos medios salteños confirmaron que detrás de este delito se encuentran dos firmas. Una es Dynamic Agroservices , cuya sede legal está San Miguel de Tucumán y se dedica a “servicios de contratistas de mano de obra agrícola”. La otra es Padilla Citrus , que también figura con domicilio legal en Tucumán y cuyo dueño es Pablo Padilla, quien cuenta con fincas en ambas provincias y también oficinas en Europa y en el sudeste asiático.

En la web institucional de Padilla Citrus puede leerse que exportan a unos veinte países, que tienen unas 2.000 hectáreas sembradas, que tienen una “capacidad productiva” de 150.000 toneladas anuales y hasta se jactan de contar con “campos de alta productividad”. De que todo eso lo consiguen esclavizando peones no dicen nada, claro.

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La trata de personas con fines de superexplotación laboral, con situaciones de reducción a la servidumbre y métodos de trabajo cuasi esclavos, es moneda corriente en todo el país. La excepción es que casos como éste salgan a la luz. Los empresarios que se enriquecen tanto por mantener en esas condiciones a quienes emplean como por las ganancias multimillonarias obtenidas con la exportación (y con los precios remarcados en el mercado local) suelen tener excelentes relaciones con el Estado. Mucho más con la Policía y los ministerios de Trabajo.

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Por eso no resulta para nada creíble que la Policía de Salta se adjudique algún tipo de mérito en el rescate de los 66 peones rurales. De hecho se sabe que fueron los propios trabajadores, a través de las comunidades wichí de Formosa, quienes avisaron a algunos medios de comunicación que no tenían baños químicos ni agua, que vivían hacinados y que encima la patronal no les pagaba los jornales. Sólo después de esas denuncias intervinieron desde gobierno de Salta y desde el Poder Judicial federal.

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