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Red Internacional

La niña de cinco años desapareció el 14 de junio de la puerta de la casa de su tía en el barrio 511 Viviendas de la capital puntana. Fue durante un cumpleaños. Este miércoles hubo marcha y la familia sigue exigiendo una mínima respuesta al Gobierno y al Poder Judicial.

Jueves 23 de septiembre | 09:32

Este miércoles la familia de Guadalupe Lucero Cialone y parte de la comunidad puntana marcharon por las calles céntricas de la capital de San Luis exigiendo la aparición con vida de la niña de cinco años, desaparecida la tarde del 14 de junio. El pueblo se movilizó en silencio, con velas y carteles con la imagen de la niña.

Poco antes Yamila Cialone, la mamá, publicó un texto en sus redes sociales en el que se pregunta “¿dónde está Guadalupe? ¿Dónde estás hija mía?”. Allí recuerda que “100 días han pasado de esta pesadilla”, de la cual desearía despertar y encontrarla al lado suyo “y que todo haya sido un mal recuerdo”.

“Pero no, acá los días siguen pasando, el silencio solo provoca dolor, desesperación, angustia, tristezas que nunca se acaban”, responde Yamila. Y agrega: “me duele el alma, con tu ausencia y esto de no saber cómo te encuentras. ¿Por qué es tan injusta la vida? Te arrebataron mientras jugabas a las escondidas y así estamos, dentro de un horrible juego que no se acaba, tú sigues escondida y un país sin poder encontrarte”.

Cialone se pregunta “hasta cuándo vamos a seguir así” y “cuánto tiene que pasar para volver a saber de vos”, al tiempo que “esta tristeza es inaguantable, no la soporto”.

Esperando ser escuchada en algún sitio desconocido, Yamila le pide a Guadalupe que “sea fuerte” y que la comunidad puntana le manda todo el apoyo. “En la marcha de hoy, vamos a enviarte toda la fuerza y darte nuestro apoyo desde donde estás. Y que sepas que vamos a seguir peleando para encontrarte, para que te busquen, y que el silencio que hay, algún día se convierta en alegrías al encontrarte”.

El Estado no sabe, no contesta

Desde que la familia de Guadalupe hizo la denuncia a horas de la desaparición de la niña, el Estado provincial (el régimen de Alberto Rodríguez Saá) con apoyo del Gobierno nacional realizó 419 allanamientos en la ciudad de San Luis y diversos operativos en ciudades aledañas e incluso en otras provincias. Hubo 1.221 rastrillajes, según las versiones oficiales, en casas, baldíos y diques. Pero todo con resultado negativo.

Incluso, intentando mostrar “avances” en la investigación, el Poder Judicial de San Luis mandó a secuestrar celulares, computadoras y demás pertenencias del entorno de la niña, abonando la hipótesis de que habría sido víctima de un entramado intrafamiliar. Pero no hubo ningún resultado que permitiera obtener rastros de su paradero.

Por el contrario, las autoridades a cargo de la causa llevan cien días negándose a investigar a fondo la hipótesis de la desaparición forzada, probablemente con fines de trata. El acercamiento de Susana Trimarco, madre de Marita Verón, a la familia de Guadalupe hizo pensar en esa hipótesis pero eso no se ha visto reflejado en el accionar del titular del Juzgado Penal 2 puntano, Ariel Parrillis.

La semana pasada, producto de una reunión entre Trimarco y Eduardo Casal, el Procurador General de la Nación (interino) designó a tres fiscales federales para que intervengan en la causa. Pero parece que el juez Parrillis aún no se enteró y sigue con su misma línea “investigativa”.

Lo cierto es que el Estado sigue haciendo como que hace mientras Guadalupe sigue sin aparecer y su familia sufre día a día el desgaste que produce la incertidumbre, la angustia y la falta de respuestas de quienes deberían responder.

A pocos días de desaparecida, desde este diario nos preguntábamos si el Estado quiere encontrar realmente sana y salva a Guadalupe Lucero Cialone. La historia argentina reciente tiene sobrados ejemplos en los que funcionarios de los poderes ejecutivos y judiciales se llenan la boca diciendo que van a investigar “todas las hipótesis” y “hasta las últimas consecuencias”, pero los casos terminan sin resolverse, con familias dejadas a su suerte, víctimas que nunca aparecen y causas convertidas en decálogos de impunidad.

Hace pocos días uno de esos casos cumplió quince años: la desaparicion forzada de Jorge Julio López, ocurrida en La Plata el 18 de septiembre de 2006. Muchos de los funcionarios de entonces (algunos incluso siguen siéndolo hoy, como Aníbal Fernández) se cansaron de asegurar que López estaba siendo intensamente buscado y que confiaban en encontrarlo sano y salvo. Los resultados están a la vista.

Nuevamente el Estado y sus gerenciadores siguen demostrando que la vida de las personas de la población trabajadora y pobre para ellos no valen nada. La exigencia de aparición con vida ya de Guadalupe y el juicio y castigo a los responsables de su desaparición se hace hoy más fuerte que nunca.




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